En medio del proceso de renovación interna del Poder Judicial en Veracruz, resurgen con fuerza las denuncias por corrupción, influyentismo y protección a intereses privados dentro del sistema de justicia estatal. A pesar de su historial de resoluciones cuestionables, varios jueces federales y estatales buscan permanecer o ascender en el sistema judicial, desatando la indignación de diversos sectores sociales.

Uno de los casos más recientes —y que ha cobrado relevancia nacional— es el del juez federal Vicente Salazar López, quien fue exhibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina por haber otorgado un amparo considerado irregular contra la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras clave del actual sexenio.

“El juez Vicente Salazar López está frenando esta obra estratégica que beneficia a miles de mexicanos, pero que molesta a unos cuantos”, afirmó el mandatario, quien ha insistido en que algunos jueces operan bajo influencia de intereses económicos o políticos contrarios al desarrollo nacional.

El caso de Salazar López se suma a una larga lista de jueces veracruzanos cuestionados públicamente. Medios como La Silla Rota, Diario del Istmo y La Jornada Veracruz han señalado durante años la actuación de jueces como Gustavo Stivalet Sedas, conocido por otorgar amparos a policías acusados de violaciones a derechos humanos y por fallos que han resultado en la liberación de presuntos delincuentes. Stivalet, incluso, ha sido mencionado entre los jueces “famosos por liberar criminales”, según investigaciones periodísticas.

Además, el presidente ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de limpiar el Poder Judicial. “No puede seguir este sistema donde los jueces sirven más a los intereses del crimen o del poder económico que a la justicia”, dijo en otra mañanera reciente, refiriéndose a casos como los de Veracruz.

A pesar de las denuncias, tanto Vicente Salazar López como Gustavo Stivalet Sedas y otros jueces con historial cuestionable participan en los procesos internos para ocupar o renovar cargos dentro del Poder Judicial, un hecho que ha desatado preocupaciones legítimas sobre la continuidad de prácticas corruptas y el debilitamiento del sistema judicial.

Diversas organizaciones civiles y expertos en derecho han advertido que permitir que estos perfiles se mantengan en el poder representa un grave retroceso. “Es inadmisible que quienes han prostituido la figura del juez ahora quieran perpetuarse en sus cargos como si nada hubiera pasado”, comentó un abogado del foro veracruzano que prefirió mantenerse en el anonimato.

Así, el proceso de elección judicial se convierte en una encrucijada: depurar el sistema o perpetuar su descomposición. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo quienes deberían proteger la ley buscan seguir beneficiándose de sus vacíos.