XALAPA, Ver., 13 de julio de 2026.- Dirigentes de organizaciones taxistas del estado de Veracruz demandaron a la gobernadora Rocío Nahle García la instalación de una mesa de diálogo para revisar la situación que enfrenta el transporte público de pasajeros, en su modalidad de taxi, sobre todo en lo concerniente a la revisión de las tarifas de pasaje, la regulación de la operación de plataformas digitales y la armonización de la ley estatal en materia de movilidad.

En conferencia de prensa, los transportistas, consideraron que las condiciones actuales con las que vienen operando afectan en gran medida al gremio taxista, por lo que es de suma importancia la instalación de la mesa de diálogo, en donde se exponga la situación que padecen los trabajadores del volante.

Pedro Fernández Fernández, presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz (ATAV), dio a conocer que en esta exigencia agremiados de alrededor de 45 organizaciones respaldaron con su firma un documento que será entregado al Gobierno del Estado, en el que piden respeto a la Ley 589 de Tránsito y Transporte y a la Constitución.

El dirigente estatal transportista recordó que dicha legislación establece que las tarifas deben determinarse mediante estudios técnicos y socioeconómicos, los cuales, ya fueron entregados a las autoridades, pero que hasta el momento no hay una resolución, de ahí que haya anarquía en el cobro que se aplica a los usuarios.

Respecto a las aplicaciones digitales, fue claro al señalar que los concesionarios no se oponen a su uso, la oposición es en contra de los particulares que presten un servicio sin con concesión, pues el hacerlo, realizan esta actividad de manera ilegal.

“Hace casi un año se firmó una minuta de trabajo con autoridades estatales en la que se acordó revisar este tema y crear un Comité Técnico del Transporte, para que los taxistas participen en las decisiones relacionadas con modificaciones a la legislación, petición que sigue sin concretarse”, subrayó.

En ese contexto, recriminó que en el estado de Veracruz mantiene un rezago de casi tres años en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual contempla mecanismos de participación ciudadana para este tipo de reformas.

En su oportunidad, Gustavo Hernández Pérez, representante de la Unión de Taxistas Libres del Puerto de Veracruz, aseguró que los operadores de plataformas como Uber, Didi y otras aplicaciones han provocado una disminución importante en los ingresos de los concesionarios.

Consideró que el gremio taxista sufre una competencia desleal por parte de estas plataformas, pues los concesionarios cumplen con el pago de concesiones, seguros, licencias, revista vehicular y demás obligaciones fiscales, y los vehículos particulares ofrecen el mismo servicio sin cumplir esos requisitos. Esto ha ocasionado que, tan solo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, las aplicaciones han provocado una caída de hasta 40 por ciento en el trabajo de los taxis tradicionales.

Ante esta situación, se propuso la creación de una aplicación exclusiva para taxis concesionados, supervisada por el Gobierno del Estado, a fin de brindar mayor seguridad tanto a usuarios como a operadores y competir en igualdad de condiciones con las plataformas digitales.

Por otro lado, denunció que desde noviembre de 2024 la oficina de Hacienda del Estado en Veracruz permanece cerrada para el trámite de placas de taxis, por lo que los concesionarios han tenido que circular con permisos temporales.

En su intervención, Víctor Herminio González Rivera, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz adherida a la Confederación de Obreros y Empleados de México, se refirió al problema de las tarifas que enfrentan, y admitió que las tarifas oficiales actuales son insuficientes para cubrir los costos de operación, como es el incremento en el precio de los combustibles, el mantenimiento de las unidades y el deterioro de las vialidades, que hacen inviable continuar con las tarifas vigentes.

En su opinión y de acuerdo con estudios realizados por el propio gremio, la tarifa mínima debería ubicarse entre 45 y 50 pesos, ajustándose a las condiciones de cada municipio y tomando en cuenta las distancias recorridas.

Finalmente, insistieron en hacer un llamado a la Gobernadora para abrir una mesa de diálogo en la que participen autoridades, concesionarios y usuarios, con el fin de establecer tarifas justas, revisar la regulación del servicio prestado mediante plataformas digitales y atender las demandas del sector transportista.