CDMX.- 23 de julio de 2026.- El anuncio de las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el incremento del cupo de exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos ofrece un alivio inmediato al sector cañero, pero deja intactas las fallas estructurales que limitan el desarrollo de esta agroindustria en el largo plazo.

Lorenzo Pale Mendoza, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), explicó que las empresas han mantenido el cumplimiento de las obligaciones salariales y prestacionales debido a que existe un Contrato-Ley que las obliga a acatar sus términos. Esta situación se presentó pese a la reducción en los ingresos de las plantas durante la zafra previa, la cual originó la falta de utilidades en la mayoría de los centros de trabajo.

"En el caso concreto del Sindicato Nacional Azucarero, hay que ser claros y precisos, nosotros, de una manera u otra, tenemos un Contrato-Ley en donde, suba o baje el precio del azúcar, las prestaciones subsisten; significa que a nosotros se nos paga al cien por ciento todo lo que se establece en el Contrato-Ley y que solamente el problema de una crisis como la que vivimos se refleja en las bajas utilidades, como sucedió en este 2026, que el 95% de los ingenios no tuvieron utilidades. Pero en la situación de los salarios y prestaciones que establece nuestro Contrato-Ley, se pagaron al 100%", señaló Pale Mendoza.

El dirigente expuso que la continuidad operativa de las fábricas es prioritaria para proteger el empleo de entre 25,000 y 30,000 trabajadores de planta permanente y evitar afectaciones en la actividad económica de los municipios azucareros.

"Para nosotros, el cierre de una fuente de empleo significa perder miles de empleos y la situación económica de los municipios donde están clavados los ingenios se afecta muchísimo, porque es de todos conocido que los ingenios derraman una situación económica en todos los aspectos; porque no nada más en el sector obrero, es en el sector campesino, en el sector popular y en todo lo que se refiere a la situación económica de cada municipio", indicó.

El plan trazado entre el Gobierno Federal, los dueños de los ingenios, las organizaciones cañeras y la representación laboral consta de dos fases principales.

El primer paso consistió en frenar la entrada de azúcar centroamericana mediante la modificación a la tarifa arancelaria ad valorem, la cual pasó de 360 a 720 dólares por tonelada. Esta medida buscó detener la comercialización del azúcar, a precios reducidos que distorsionaba la facturación nacional y el precio de referencia de la caña.

Porque efectivamente, antes de que estallara esta crisis, Centroamérica metía ilegalmente azúcar, el arancel que pagaban estaba muy barato, tenía más de 30 años que no se movía este arancel que era de 360 dólares, y hoy no; ya está a 720 dólares. Fue el primer paso que dio la señora Presidenta en ayudarnos, ¿y en qué nos vino a beneficiar? “Que Centroamérica no puede mandar azúcar abiertamente al país de México, porque ya el arancel que paga pues ya no le da para ofertar el azúcar aquí en nuestro país", detalló el secretario general Lorenzo Pale Mendoza.

 

Por María del Pilar Martínez / Fuente El Economista