XALAPA, Ver., 15 de mayo de 2026.- El ciudadano Sixto Ángel Guarneros Dionisio, demandó el cese de sus funciones a Ana Karina Guzmán Romero, quien labora en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno por incurrir en tráfico de influencias, así como de funcionarios del Cecofam Xalapa por irregularidades y omisiones cometidas en un caso de abuso sexual infantil y procesos judiciales.

En conferencia de prensa, solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que les llame la atención a los servidores públicos de la Cecofam Xalapa por proteger a abusadores sexuales e investiguen a fondo el proceder de estos funcionarios públicos.

Recordó que el pasado 21 de febrero del año en curso fue detenido Héctor Manuel Martínez Ojeda en la ciudad de Catemaco, Veracruz, acusado del delito de pederastia agravada, siendo trasladado al día siguiente al centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) en Xalapa, donde se llevó a cabo su audiencia inicial y posteriormente quedó bajo prisión preventiva oficiosa.

Explicó que el 26 de febrero, el antes mencionado fue vinculado a proceso por el mismo delito y recluido en el penal de Pacho Viejo bajo el proceso 15/2026, derivado de la carpeta de investigación 700/2024 de Cejum.

Dijo que durante la audiencia Ana Karina Guzmán se presentó como testigo en favor del imputado, aunque sus declaraciones resultaron contradictorias y no evitaron la vinculación a proceso.

Posteriormente, acudió el 6 de marzo a la Fiscalía para dar seguimiento a una carpeta de investigación por omisión de cuidados en contra de Ana Karina Guzmán Romero, y ahí funcionarios ministeriales le señalaron que el expediente no había sido judicializado debido a supuestas instrucciones superiores para “filtrar” delitos cometidos por mujeres.

También acusó que, pese a que existen peritajes, protocolos y medidas de restricción definitivas para proteger a la menor, la entonces fiscal coordinadora Guadalupe García Hernández se negó a judicializar la carpeta al considerar que hacían falta nuevos periciales.

Aseguró también que hubo cambios constantes de fiscales y retrasos en las diligencias, lo que ha impedido avanzar en el caso.

Asimismo, denunció presuntas irregularidades en el Centro Estatal de Convivencia Familiar (Cecofam), donde señaló que personal habría intentado obligar a su hija menor a convivir con su madre pese a la negativa de la niña.

Refirió que en abril de 2026 acudió en varias ocasiones a Cecofam desde la ciudad de Córdoba para cumplir con revisiones y convivencias supervisadas, pero acusó que funcionarios del lugar retuvieron a la menor e intentaron persuadirla para convivir con su progenitora.

El denunciante también afirmó haber presentado una denuncia ante el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de Cecofam.

Además, señaló que recibió notificaciones vía WhatsApp para comparecer en una audiencia inicial en su contra por el delito de retención de menores, situación que consideró parte de presuntas represalias derivadas del proceso legal.

Por ello, pidió a la gobernadora Rocío Nahle y al secretario de Gobierno intervenir en el caso, así como separar temporalmente de su cargo a Ana Karina Guzmán Romero, quien, aseguró, labora en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado desde junio de 2019.

Afirmó que la funcionaria presuntamente ha utilizado influencias dentro de dependencias estatales para favorecerse dentro de los procesos legales y proteger a personas señaladas por abuso sexual.

Finalmente, solicitó que las autoridades investiguen a fondo tanto a funcionarios de Cecofam como a servidores públicos presuntamente relacionados con el caso y reiteró su petición de una audiencia directa con la gobernadora y el secretario de Gobierno.