XALAPA, Ver., 09 de julio de 2026.- Dirigente taxistas del estado de Veracruz manifestaron su rechazó por la decisión de la gobernadora Roció Nahle García de regular la operación de Plataformas del transporte público, al considerar que representa una competencia desleal, por lo que pidieron una mesa de trabajo con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, para que escuche el sentir del gremio taxista veracruzano.

Entrevistados, previo a la reunión que tuvieron para establecer acuerdos que serán presentados a las autoridades estatal en la materia, Osiel García Mundo, secretario general de la Sección 7 de Acayucan, Veracruz, expresó que lo único que se está exigiendo es la aplicación de la Ley 589 de Transporte Público, que es bastante claro y que norma la actividad de este gremio.

“Se está demandando que no se preste el servicio sin tener la legalidad correspondiente, toda vez que los concesionarios del servicio de transporte público, en su modalidad de taxi, pagan impuestos y derechos al estado, además de todo lo que implica en el mantenimiento de las unidades”, añadió.

Las repercusiones que se tienen con la operación de las plataformas que utilizan a particulares para brindar el servicio de transporte público, son muchas y golpean directamente a su economía, además de que la competencia que se tiene no solo son de las aplicaciones, sino también las que sufren, en algunos lugares, con la operación de mototaxis, unidades sin contar con la concesión respectiva y en otros con taxis piratas y unidades sin contar sus propietarios con la concesión debida, agregó.

A su vez, Guillermo Celaya de Jesús, secretario general del Sindicato de Taxistas Miguel Alemán, consideró que en primer lugar, para que puedan operar esas plataformas, la titular del Ejecutivo del Estado debe reformar en primer lugar reformar o adicionar el articulado de la Ley 589, para que su actividad sea legal, aunque estemos en desacuerdo en su operación.

Mencionó que en la entidad Veracruzana existe un promedio de 90 mil concesiones de taxi, aparte de los taxis que operan de manera irregular, de ahí la preocupación es que no se están tomando en cuenta las opiniones de quienes integramos el gremio transportista y se está solicitando tener acceso a la iniciativa de reforma de la Ley 589 que presentará la Gobernadora del Estado.

Es por ello que se está insistiendo en tener una reunión con las autoridades del ramo y acordar en qué forma irá esa reforma, porque hay mucha información, algunas a favor, otras en contra, pero lo que no saben es que existe una ley que regula el transporte público y se debe respetar

A su vez, Mara Cristina Avilés Montiel, secretaria general del Sindicato Unión Transportista del Estado de Veracruz (UTEV) y de la Alianza Transportista del Estado de Veracruz, consideró que antes de legalizar las aplicaciones del servicio de transporte público “nos apoye a nosotros, porque no nos han dado nuevas concesiones”.

Tampoco, dijo, “tenemos ni nuestras familias seguridad social, nuestra familia depende de nosotros y si nosotros no salimos a trabajar, no llevamos ningún a ingreso a nuestras casas. Quienes laboran en lo de las aplicaciones es un segundo trabajo, tienen otros trabajos, no dependen del servicio de taxi”, añadió.

Por separado, el presidente del Consejo de Transportistas del Estado de Veracruz, Apolinar Diaz Luna, consideró que antes de proponer la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte Público del Estado de Veracruz al Congreso del Estado y al contar con la mayoría morenista, de ser aprobada terminará con la historia del transporte en Veracruz, haciendo a un lado la lucha realizada para defender los derechos de los trabajadores del volante.

En su opinión, dijo que “el transporte no se puede eliminar de la noche a la mañana, creo que sería bueno que rectificara, porque es humano equivocarse. La Gobernadora debe analizar bien esta decisión que está tomando, porque no se puede medir con el mismo rasero al transporte público regulado y el que se pretende brindar a través de las plataformas”, añadió

Reiteró que en el caso de un particular, no tiene obligaciones de nada, no paga impuestos e incurre en una competencia desleal que no es justa, por lo que antes de enviar la iniciativa al Congreso del Estado, ésta sea analizada detenidamente y no se perjudique al gremio transportista.