Esto lo informó Miguel Santiago Reyes Hernández, titular de Sefiplan, quien dio a conocer que ya se hizo la denuncia correspondiente a las entidades mencionadas y son denuncias distintas y el monto a investigar. Ya hay un presunto responsable y serán las instancias competentes las que informen del avance de las investigaciones.

“El monto a investigar es por el orden de los 280 millones de pesos en su origen, en su procedencia, en su trazabilidad y que manejaba la Fundación EDAL, a través de diversos mecanismos y que era captado por el pago que hacían los estudiantes y otras fuentes que forman parte de la revisión, no necesariamente llegaba directamente a quienes prestaban sus servicios en la universidad”, añadió en entrevista.

En entrevista, el funcionario estatal, dio a conocer que estos recursos habrían pasado primero por diferentes intermediarios, entre ellos empresas inmobiliarias y agencias de publicidad, hasta finalmente utilizarse para efectuar pagos a docentes.

Citó como ejemplo el caso de una persona que trabajaba para la UPAV, pero no contaba con una relación laboral directa con la universidad, sino recibir sus remuneraciones a través de una empresa dedicada a actividades distintas, sino que le pagaban a través de una agencia de publicidad bajo el concepto de honorarios o pago de publicidad”, explicó.

Explicó que la Fundación recibía el dinero de los alumnos y de otras fuentes que no estaban claras, le pagaba a una inmobiliaria y ésta le pagaba a otra inmobiliaria y ésta a su vez le pasaba a una agencia de publicidad, que era la que pagaba directamente a los profesores para no tener, entre otras cosas, relación laboral de manera directa con la Universidad, no tener antigüedad ni compromiso con los trabajadores y al mismo tiempo estar tercializando los recursos.

Recalcó que las denuncias ya fueron interpuestas hace algunas semanas y se presentaron contra quien resulte responsable, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar quiénes participaron en las operaciones y si existen responsabilidades penales.

Por la naturaleza de los hechos detectados, el Gobierno estatal acudió tanto a la instancia local como a la federal. Las denuncias contemplan presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada, señaló por último.