En conferencia de prensa, los representantes de estas organizaciones gremiales advirtieron que de no contar con los fondos necesarios para cumplir con su responsabilidad, generaría retrasos y protestas de los derechohabientes.

Al respecto Raúl Augusto Maldonado Loeza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado (STIPE), dejó en claro la necesidad de que el Congreso del Estado incremente el presupuesto de la institución de al menos unos 400 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2027

Durante su intervención, urgió al gobierno estatal y al Congreso del Estado se garantice la seguridad social para los más de 38 mil pensionados y a los miles de trabajadores en activo, pues es preocupante porque al momento de discutir y aprobar el presupuesto del IPE no sea suficiente para sostener el pago de jubilaciones y pensiones que se tendrán en el 2027.

En la rueda de prensa, los representantes de estas organizaciones sindicales reiteraron su respaldo de mantener el sistema solidario de pensiones, rechazando cualquier intento de aplicar el esquema de cuentas individuales, por lo que demandaron al gobierno de Rocío Nahle mantener este esquema pensionario y que continúe como responsable solidario ante el Instituto.

Respecto del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), indicaron que los recursos que de él provienen pueden utilizarse para el pago de las pensiones.

Señalaron que este fondo fue pasado al IPE por la administración de Cuitláhuac García, pues de no contarse con estos recursos por parte de la institución, el gobierno estatal tendría la responsabilidad de aportarlos para cubrir las pensiones en tiempo y forma.

Señalaron que de quedarse sin estos recursos y ante un eventual incumplimiento por parte del IPE a los pensionados y jubilados, podría desencadenar una serie de movilizaciones y protestas, como ocurrió en la administración de Javier Duarte.

Esto motivó en su oportunidad, que se acudiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien emitió la recomendación 32/2018, obligando al gobierno estatal a garantizar el pago oportuno de las prestaciones de seguridad social.

Además, se emitió la recomendación 16/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, dirigida al IPE y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la que se plantearon medidas para evitar afectaciones en el pago de las pensiones

Este posicionamiento fue respaldado además del STIPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz, A. C., el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRT9 y el SindicaTo Solidaridad Urban de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa-FATEV-CAT.